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¿Cómo afecta el proyecto de Carrera Docente a los
estudiantes de pedagogía?
Por Álvaro Pérez Jorquera.
Licenciado en Historia y estudiante de pedagogía,
Universidad de Chile.
El proyecto de Carrera Docente del gobierno que se encuentra en discusión en el
parlamento ha sido fuertemente criticado por los profesores en ejercicio, los cuales
expresaron su rechazo en la última consulta nacional donde más del 95 % de los
docentes se declaró en contra del proyecto de ley. Las principales críticas apuntan en
primer lugar, a que nuevamente no se toma en cuenta al profesorado en la construcción
de la propuesta, y que esta a su vez promueve la competencia, el individualismo, aumenta
el agobio del docente, no toma en cuenta la experiencia y porque fundamentalmente,
responsabiliza a los profesores de los problemas derivados de la educación de mercado.
Este proyecto de ley se configura como un marco para el desarrollo de la vida
laboral del profesor, por tramos en forma ascendente de manera que de tramo en tramo
son cada vez menos los docentes capaces de acceder a estos tramos superiores, lo que
se realiza por medio de evaluaciones de conocimiento disciplinario y portafolios, en una
lógica que desvaloriza lo que es la experiencia en aula al tener que certificar conocimiento
en cada tramo, en una extraña lógica donde al parecer el docente tendría menos
capacidades en aula conforme pasa más tiempo en ella. De esta forma, la promesa de
aumento salarial de Bachelet se reduce a estos tramos superiores de difícil acceso por lo
que el anunciado aumento solo beneficiará a un pequeño grupo de profesores (los de los
2 tramos más altos) y a condición de que se encuentren contratados por 44 horas, en
cuyo caso de ser por menor cantidad de horas se realizará un ajuste proporcional1. Por
otro lado, el proyecto nada dice sobre la equiparación entre las horas lectivas y no lectivas
(el 50/50), la reducción de los estudiantes en sala ni el aseguramientos de infraestructura
y recursos pedagógicos adecuados para que el docente pueda realizar su labor. Es decir,
no se refiere a las condiciones en las que el profesor realiza sus clases, que muchas
veces son situaciones realmente precarias, todas situaciones que escapan a las
capacidades individuales del profesor y que son mas bien consecuencia de la acción del
mercado en la educación y del abandono del Estado en su rol subsidiario.
Dentro de esta concepción, destaca justamente la relación que establece con la
formación docente, donde el proyecto plantea que “la FID (Formación Inicial Docente) en
Chile posee una alta desregulación, reflejada en la coexistencia de programas de
pedagogía con y sin aplicación de procesos de selectividad. Actualmente, hay más de
93.000 estudiantes de carreras de pedagogía, que se distribuyen en 70 instituciones de
educación superior (47 acreditadas) y 863 programas (solo 363 acreditados por 4 años o
más y 240 no acreditados). Cada año ingresan, en promedio, 17.500 estudiantes y se
titulan alrededor de 15.000. De los titulados, aproximadamente un tercio ingresa a ejercer
1
Proyecto de ley de Carrera Docente 2015. Pág. 41.
en el sistema escolar al año siguiente del egreso, aunque con una alta tasa de deserción
en los primeros 5 años.”2
¿Qué responsabilidad le cabe al Estado ante la realidad descrita? Explícitamente
habla del funcionamiento de instituciones y programas sin acreditación, los cuales son
consecuencia en primer lugar de la proliferación de la educación de mercado justamente
bajo el alero del Estado que establece en su constitución la supremacía de la libertad de
educar por sobre el derecho a recibirla.
Desnudando esta lógica, no nos sorprenderá en demasía la resolución que el
gobierno de Bachelet plantea para solucionar este problema: recurrir a la selección para
ejercer, por medio de una prueba “diagnóstica” en el 4° año y la instauración de mentorías
de 10 meses cuyo funcionamiento es por cupos3. Como podemos observar, la solución
que propone el gobierno a los problemas de las instituciones de formación inicial es…
castigar a todos los egresados individualmente. Así a través de la selección se termina
responsabilizando a los estudiantes por la deficiencias en la formación de las
instituciones, muchas de ellas no acreditadas según el propio gobierno, pero que
continúan existiendo y lucrando con las expectativas de quienes entran a estudiar. La
pretendida prueba de “diagnóstico” será en realidad parte de este filtro, midiendo
conocimiento de procesos pedagógicos mediante alternativas.
Por otro lado, las mentorías son la otra cara de la moneda, que decidirá si estamos
habilitados para ejercer como docentes en las unidades educativas que reciban
financiamiento estatal (municipalizadas y subvencionadas). Para poder acceder a este
sistema el proyecto establece como criterios:
“a)
Estar en posesión de un título profesional de profesor(a) o educador(a), de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley;
b)
No estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 4° de esta ley;
c)
Estar contratado para desarrollar funciones de aquellas señaladas en el
artículo 6º de la presente ley en un establecimiento regido por el decreto con fuerza de ley
N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, o por el decreto ley Nº 3.166, de 1980; y
d)
Que en su respectivo contrato se estipule una jornada semanal por un
mínimo de 15 horas y un máximo de 38 horas, por el período en que se desarrolle el
respectivo proceso de inducción.”4
En la práctica esto significa que se debe egresar y se debe estar contratado en un
colegio (evidentemente por mucho menos pues aun no eres un docente según este
proyecto de ley) y además, estas mentorías están afectas a cupos limitados que serán
fijados año a año dependiendo de la Ley de Presupuesto, de la cantidad de horas de
contrato (donde aquellos ramos con más horas, como lenguaje o matemáticas, son más
prioritarios) y nivel de vulnerabilidad del establecimiento5. Así, el egresado en inducción
deberá destinar 6 horas a la mentoría, planificar y ser evaluado durante 10 meses, tanto
2
Ibíd. Pág. 4
Ibíd. Págs. 6-7
4 Ibíd. Págs. 21-22
5 En caso de no haber cupos y esto se deba a una razón externa al propio docente, quedará en espera,
extendiéndose esto hasta por 4 años. Ibíd. Pág. 22
3
por su mentor, como por el establecimiento y el centro de formación (el CPIP). En caso de
fallar en alguna de estas obligaciones, o ser despedido de su establecimiento (en
condiciones que la inestabilidad laboral esta dada principalmente por el grado de rotación
anual de docentes) el egresado no será habilitado y podrá ser desvinculado del
establecimiento6.
Finalmente, el mismo proyecto de ley plantea que “El ingreso al sistema de
desarrollo profesional no significa aumentar los costos para los sostenedores y
administradores”7 por lo que los empresarios de la educación podrán estar tranquilos ya
que será el propio Estado el que correrá con los gastos por el agobio docente que
significa este proyecto de ley.
Tal como se puede inferir, para el gobierno de Bachelet no solo se hace necesario
certificar los conocimientos sino que también, por medio de la mentoría, certificar la propia
praxis lo que termina desvalorizando también el aspecto de las prácticas profesionales y
por esta vía, todo el proceso de formación anterior. Esto sin duda abre cuestionamientos,
pues ¿Qué valor tiene entonces estudiar (y endeudarse) tantos años si no se puede
ejercer después? Si el gobierno desconfía de la formación inicial que hoy se imparte ¿Por
qué no hacerse cargo directamente traspasando estas instituciones al Estado en vez de
castigar a los egresados y seguir manteniendo estas instituciones surgidas del negocio
educativo que ha sido amparado por estos mismos gobiernos todos estos años?
Pues lo que el proyecto deja fuera de foco, en aras de una calidad medida por
criterios que poco tienen de pedagógicos y más tienen de empresariales, es la
responsabilidad que le ha cabido (y aun le cabe) al Estado, lo cual no se realiza
castigando aún más a docentes en formación y en ejercicio, sino que se hace apuntando
al verdadero origen del problema que es la educación de mercado impuesta en la
dictadura y que fue mantenida todos estos años por los gobiernos de la Concertación, la
Derecha y ahora, la Nueva Mayoría, cuya reforma educacional finalmente se centró en
regular el negocio y no acabar con el.
Ante este contexto, claramente no podemos confiar en esta casta que legisla sin
mayor participación de los principales actores de la educación y lo hace para mantener
sus privilegios, sino que debemos avanzar efectivamente del rechazo al retiro completo de
este proyecto de ley, pues las meras indicaciones no son más que puntos y comas dentro
del mismo marco, por medio de la movilización general y efectiva, no solo del conjunto de
los profesores en ejercicio, sino los estudiantes de pedagogía que seremos los principales
afectados, y que derribar este proyecto de ley es el primer paso en el camino de luchar
por derribar toda la educación de mercado y construir desde sus ruinas,
democráticamente, una educación estatal, gratuita y al servicio de las necesidades y los
intereses de los trabajadores, sus hijos y los actores del proceso pedagógico.
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7
Ibíd. Pág. 24
Ibíd. Pág. 9