MONITOREO GASTO PÚBLICO #08 REPLANTEANDO LA INVERSIÓN SOCIAL Con el reventón del Pozo Zumaque 1, se reconoce el inmenso potencial de recursos hidrocarburos en el país, los cuales han sido definidos como de propiedad de la República y con carácter de bien de dominio público1, por lo que el recurso natural ha sido objeto de derechos de propiedad difusos, y su administración, competencia estatal. De ahí que la economía haya sido caracterizada como rentista, en tanto que ésta ha sido la forma predominante de beneficio generado y no aquéllas producto del resultado del incremento de la producción y la productividad del sector privado. La crítica al rentismo atiende a las perversiones que genera al desincentivar el esfuerzo innovador y productivo y las distorsiones clientelares de las relaciones gobierno-sociedad (Levy, 2013). Deriva de lo anterior el peso atribuido al Estado en Venezuela, en particular desde la estatización de la industria petrolera en 1976, en el uso de los ingresos por exportación del crudo para financiar sus políticas de redistribución. En consecuencia, el control sobre la principal actividad económica del país ha llevado al establecimiento de políticas públicas de subsidios y transferencias masivas cuya ejecución, en vez de favorecer, han significado un obstáculo importante en el desarrollo económico nacional (Gráfico 1). GRÁFICO 1.- RELACIÓN ENTRE INVERSIÓN PÚBLICA E INGRESO PETROLERO (2004-2013) 45 Elaborado por: RAMON REY Economista, Investigador de CEDICE Si desea citar este documento: MONITOREO GASTO PÚBLICO NRO. 08: REPLANTEANDO LA INVERSIÓN SOCIAL, MARZO 2015. CEDICE. 120 40 100 35 30 25 20 15 80 Inversión Pública Total % PIB 60 Inversión Publica Social % PIB 40 10 Cesta OPEC 20 5 0 CEDICE.ORG.VE @CEDICE 0 2004200520062007200820092010201120122013 Elaboración Propia. Fuente: SISOV, OPEC En un contexto de gobernabilidad republicana, la toma de decisiones políticas es un proceso de elevada complejidad pues involucra a diversos actores que deben alcanzar un consenso en base a la legislación correspondiente. Así, factores no considerados o desfases temporales pueden terminar por introducir efectos indeseados tras la ejecución de políticas públicas. Considere ahora, dado lo anterior, una planificación y ejecución caracterizada por la 1 CEDICE LIBERTAD CEDICEVE Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes de dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público. MONITOREO GASTO PÚBLICO #08 REPLANTEANDO LA INVERSIÓN SOCIAL improvisación fiscal, buscando además instrumentalizar a la inversión social como herramienta política, y se tiene un contexto donde se compromete en su totalidad la eficiencia gubernamental, y por extensión, el bienestar social y económico del ciudadano venezolano (Gráfico. 2). Esa es la realidad que explica Isabel Pereira (2015) del actual contrato social, observación que sirve como basamento a la propuesta de replantear las instituciones que rigen a la sociedad venezolana. GRÁFICO 2.- PIB REAL PER CÁPITA (1970-2012) 2,500 2,000 1,500 PIB Real Per Cápita 1,000 Lineal (PIB Real Per Cápita) 0,500 Elaboración Propia, Fuente: BCV. 2012 2009 2006 2003 2000 1997 1994 1991 1988 1985 1982 1979 1976 1973 1970 0,000 De igual manera, Pereira identifica oportunidades importantes a aprovechar como impulso en el cambio de las reglas que rigen actualmente a la sociedad venezolana. La primera corresponde a la capacidad de sectores sociales vulnerables de identificar que “generar ingresos, condiciones de empleabilidad, acceder a buenos empleos o emprender alguna actividad económica propia” es una fuente de seguridad socioeconómica mucho más eficiente que la dependencia a planes sociales. En segundo lugar, se identifica a una clase media consciente del valor de la propiedad privada y libertad económica, a la vez que resulta capaz de asociar al actual régimen con autoritarismos ideológicos del siglo pasado. Así, se reconoce a la conciencia que se ha venido desarrollando en distintos círculos sociales como elemento central en la búsqueda de un nuevo equilibrio institucional que permita la responsabilidad, prosperidad y libertad ciudadana. Finalmente, si bien se ha descrito el contexto que hace imperativo el cambio institucional, y ciertos elementos que habrían de facilitar la transición hacia un nuevo contrato social, es preciso identificar los aspectos principales del mismo. La agenda en cuestión implica fortalecer las instituciones democráticas y republicanas, garantizando así contrapesos institucionales que limiten al poder comúnmente asociado al Ejecutivo venezolano. Racionalizar el presupuesto nacional y establecer políticas públicas de subsidios condicionados resultan puntos fundamentales también, pues de aquí nacería la confianza que permita al sector privado asumir su vital rol en la economía nacional. Desde el punto de vista cultural, se debe valorizar a la clase media como aspiración de los sectores más vulnerables económicamente en conjunto con la asignación de títulos de propiedad a sus activos, facilitando de esta manera el acceso al mercado financiero nacional. Finalmente, es menester romper la actual relación económica que existe entre el Estado y la sociedad venezolana, pues la independencia del primero sobre el segundo resulta en el origen de perversos incentivos que terminan por alimentar monopolios, corrupción, caciquismos y privilegiados políticos (Jaffe, 2005). Resulta evidente entonces que la privatización y democratización del recurso petrolero es un proceso necesario para mantener un nivel de fortaleza institucional elevado en el largo plazo, retornándole al Estado venezolano su rol de árbitro, y a los ciudadanos su poder económico sobre este. Es esta la piedra angular del nuevo contrato social que se propone, la garantía de que lo planteado permanezca, pues de lo contrario, el bienestar de la sociedad venezolana dependería exclusivamente de la llegada fortuita al poder de un dictador benevolente, que si bien han existido a lo largo de la historia, dejar al azar tamaña responsabilidad es, sencillamente, inadmisible.